Playa del Carmen, Quintana Roo, 31 de agosto. En un esfuerzo decidido por fortalecer las medidas de protección y bienestar animal en Quintana Roo, surge una iniciativa encabezada por Estefanía Mercado, presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la XVII Legislatura. El propósito es combatir la normalización de la crueldad animal, a través de la implementación de penalidades más enérgicas para los actos de maltrato.
La propuesta se centra en reformar los artículos 179-bis y 179-ter del Código Penal, así como los artículos 119 y 121 de la Ley de Protección y Bienestar Animal de Quintana Roo. La intención es clara: ajustar tanto el marco legal como la percepción social respecto al trato hacia los animales, con el objetivo primordial de instaurar sanciones más severas para quienes incurran en actos de abuso o crueldad que amenacen la vida o provoquen la muerte de un ser vivo.
Esta iniciativa va más allá, proponiendo también la imposición de sanciones administrativas y la destitución de cargos públicos en los casos donde funcionarios estén implicados en incidentes de maltrato o crueldad animal.
En relación al Código Penal, se plantea una revisión profunda de las penas vigentes para los casos de maltrato intencional que no resulten en un riesgo directo para la vida del animal. Actualmente, dichas penas se sitúan entre seis meses y un año de prisión, acompañadas por multas que oscilan entre veinticinco y cincuenta días. La propuesta busca elevar significativamente estas penalidades, con un rango que abarque de uno a cuatro años de prisión y multas que fluctúen entre cincuenta y cuatrocientos días.
En los casos en que el maltrato intencional derive en la muerte del animal, las sanciones actuales de uno a dos años de prisión, junto con multas de cien a doscientos días, serían sustituidas por períodos de cuatro a seis años de prisión y multas que varíen entre cien y quinientos días.
En contextos donde se encuentren involucrados funcionarios públicos, la propuesta subraya la destitución automática de sus cargos, acompañada por la imposición de una inhabilitación para ocupar puestos públicos durante un período igual a la duración de la pena de prisión dictada.
La Ley de Protección y Bienestar Animal también experimentaría modificaciones en sus sanciones vigentes por abuso animal, redefiniendo las multas como un rango entre doscientas y cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esta cifra duplica la penalización actual para otras infracciones prohibidas por la ley. Además, en los escenarios en que el infractor sea un servidor público, se establecería una sanción administrativa que resulte en la destitución de su cargo y una inhabilitación para ocupar puestos públicos por un lapso de 10 años.
Estefanía Mercado recalca que esta iniciativa aspira a enviar un mensaje incuestionable: las conductas de maltrato animal no serán toleradas en la sociedad. La introducción de sanciones administrativas, como la destitución de funcionarios implicados, acentúa la importancia de la responsabilidad de los servidores públicos en la protección de los derechos animales, al tiempo que fomenta una cultura arraigada en el respeto hacia todas las formas de vida.