En la apertura de las flamantes instalaciones del Centro de Justicia Cívica y Mediación Municipal, Lili Campos, la presidenta, hizo hincapié en el trascendental cambio desde una justicia cívica estricta, marcada por sanciones duras y multas exorbitantes, hacia un sistema restaurativo y preventivo. El propósito es evitar que las faltas administrativas evolucionen hacia delitos más graves.
En su discurso, la líder solidarense resaltó el firme compromiso del gobierno hacia la forja de una comunidad más cohesionada, resistente y unida. El nuevo centro de justicia cívica simboliza la determinación de trabajar en estricto cumplimiento de la legalidad y los derechos humanos.
Sofía Quezada, directora adjunta de la oficina de Gobernanza, Derechos Humanos y Seguridad USAID México, elogió la labor del gobierno de Solidaridad en la implementación del modelo nacional de policía y justicia cívica. Estas acciones ponen de manifiesto el compromiso de este gobierno hacia la ciudadanía y su seguridad, al invertir en enfoques innovadores para abordar la violencia en la comunidad y prevenir la escalada de la delincuencia a través de la justicia cívica.
Andrés Mijes, presidente municipal de Escobedo, Nuevo León, recordó que en 2010 su municipio fue un pionero en la implementación del modelo de justicia cívica. Cambiar de un sistema inquisitivo a uno preventivo y restaurativo no fue tarea sencilla. El nuevo modelo busca identificar a los infractores administrativos que podrían ascender a niveles de violencia, por lo que la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil y gubernamentales es esencial.
En el evento se entregaron certificados a los jueces cívicos que completaron el curso “Formación del Modelo Homologado de Justicia Cívica”. Además, los facilitadores del Centro de Mediación Municipal recibieron certificados por concluir el curso “Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias”.
Entre los asistentes destacaron Jorge Carlos Aguilar Osorio, subsecretario de Derechos Humanos, quien representó a la gobernadora Mara Lezama; Joel Francisco Suárez Góngora, secretario de Justicia Cívica y Convivencia Humana; Rodolfo del Ángel Campos, sexto regidor y presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Tránsito; Juan de Jesús Castro Palacios, director del Centro de Justicia Alternativa en representación del Poder Judicial; y Cecilio Puc, Secretario General del Ayuntamiento.